Teresa Ribera, ministra en funciones de Transición Ecológica, y José María Marín Quemada, presidente de la CNMC.
Teresa Ribera, ministra en funciones de Transición Ecológica, y José María Marín Quemada, presidente de la CNMC. / EUROPA PRESS

Tema de Portada de El Nuevo Lunes / Nuria Díaz

El Gobierno en funciones, la CNMC a punto de su renovación, las vacaciones de verano a las puertas… Y ha estallado la tormenta. El organismo que preside José María Marín Quemada acaba de anunciar un recorte a las retribuciones de transportistas y distribuidores de gas y electricidad, de hasta un 18%, que el sector no esperaba y que lo ha llevado a amagar con paralizar millonarias y necesarias inversiones con las que el Ministerio de Transición Ecológica contaba para sacar adelante su Plan Integrado de Energía y Clima (PIEC). Ahora, la ministra Teresa Ribera se ha convertido en una suerte de árbitro entre el regulador y las empresas que le piden que suavice el ‘recortazo’. Aún hay tiempo para la negociación.

Las eléctricas y gasistas esperaban irse de vacaciones sin sobresaltos pero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), les tenía reservada una sorpresa. El organismo que preside Jose María Marín Quemada,  cuyo mandato y el de varios consejeros vence el próximo mes de octubre,  publicaba hace unos días las siete circulares sobre la metodología de cálculo de la tasa financiera que recibirán las redes de distribución y transporte eléctrico entre 2020 y 2025 y las de distribución y transporte de gas entre 2021 y 2026.

Sedigás quiere conseguir, lo primero, una ampliación del plazo de alegaciones más allá de la fecha prevista del 9 de agosto, porque hay tiempo y porque creen que, en un primer estudio de las circulares, las cifras no cuadran

Una propuesta que supone un recorte del 7% de la retribución que reciben las empresas por la distribución de electricidad y cerca de un 18% la de gas con el fin de definir , explican, un marco regulatorio “estable y riguroso” y adecuado al ciclo económico. Así, la retribución inicial para la distribución de electricidad quedará fijada en 5.455 millones de euros al año, lo que supone un recorte del 7%; la de transporte de electricidad en 1.656 millones de euros al año, un 8,2% menos; la distribución de gas en 1.420 millones de euros al año, un 17,8% menos; y la de transporte de gas y regasificación en 1.186 millones de euros, un 21,8% menos.

Preprando alegaciones

Naturgy, Enagás, REE, Endesa e Iberdrola tienen ahora hasta el 9 de agosto para presentar alegaciones y de hecho reconocen estar trabajando a destajo estos días, algo esperanzadas porque en sus últimas declaraciones Marín Quemada parece haber entornado la puerta a que se pueda ‘suavizar’ el recorte. En su intento de que así sea están tratando además de poner a la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, de su parte.

La pasada semana la Asociación Española del Gas, Sedigás, era recibida en el ministerio donde no escatimaron en argumentos para ganarse a sus técnicos, basados sobre todo en el riesgo de ahuyentar a los inversores internacionales y de perder empleos. Así, expresaron su “disconformidad y preocupación” con el contenido del borrador de circular “ya que ponen en tela de juicio la estabilidad y la seguridad del marco regulatorio, transmitiendo un mensaje de inseguridad a los inversores y a otras actividades dependientes del sector gasista”, y, señalan, “afectará al desarrollo del tejido empresarial español con la consecuente pérdida de empleo”. Sobre la mesa, a modo de prueba, el duro castigo que han sufrido en bolsa las empresas del sector y el cuestionamiento de su rating que determinadas agencias, como Fich, ya han anunciado.

Sedigas quiere conseguir lo primero, una ampliación del plazo de alegaciones, más allá de la fecha prevista del 9 de agosto, porque hay tiempo y porque creen que, en un primer estudio de las circulares, las cifras no cuadran  y que el análisis económico realizado en la memoria de las circulares es incompleto y subestima algunos conceptos implícitos que provocan que el impacto económico real de las empresas sea significativamente superior al que refleja la circular.

La patronal del gas ha manifestado que la combinación de la revisión del marco retributivo pasado y la falta de previsibilidad a futuro, genera un escenario de gran incertidumbre para inversiones que tienen ciclos de vida muy largos.

Naturgy tiene previsto hacer una primera valoración cualitativa de las propuestas de la CNMC el 24 de julio, durante su presentación de resultados semestrales, aunque ya han anunciado una pausa temporal en las inversiones de su filial

Con todo no han sido los más duros. REE, emitió un duro comunicado en el que señala que la propuesta incluye una serie de modificaciones relevantes “que no favorecen el cumplimiento de las prioridades estratégicas establecidas por el Gobierno en materia energética” e “introduce un elevado nivel de incertidumbre sobre la retribución de las inversiones”.

Considera, además, que las medidas, son “discrecionales” respecto a las actuaciones críticas para el despliegue de la política energética y “discriminatoria con la actividad de transporte”. Asimismo, dificulta la transición energética y el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), “ya que no fija un entorno regulatorio claro, estable ni predecible”.

El presidente de REE, Jordi Sevilla, advirtió que los recortes “no supondrán un menor coste del servicio ni una mayor eficiencia del sistema”. En su opinión, el modelo actual “combina lo mejor de la prestación de un servicio público esencial para los ciudadanos con lo mejor de lo privado, mediante una financiación en los mercados financieros internacionales que obliga a mantener exigentes niveles de eficiencia”. REE es propiedad en un 20% del Estado, a través de la SEPI. Es más, Sevilla comparó estos recortes con los acometidos en los últimos años en Sanidad o Educación. “En estas condiciones de inseguridad jurídica será difícil convencer a los inversores privados para la construcción de las redes necesarias para la transición”.

Y en ese mismo escenario se mueve Naturgy, para la que el recorte es doble, en su condición de eléctrica y gasista. La compañía tiene previsto hacer una primera valoración cualitativa de las propuestas de la CNMC el próximo 24 de julio durante su presentación de resultados semestrales, aunque nada más concoerse las ciculares ya expresaron su intención de hacer una pausa temporal en las inversiones en expansión de redes de gas de su filial Nedgia. Hablaron de prudencia de la compañía que supedita la política de inversión y gasto al nuevo entorno regulatorio, aunque, aclararon, las inversiones en mantenimiento y seguridad seguirán activas.

¿Y qué opina la ministra?

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, debe estar, señalan fuentes del sector, tratando de recordar en qué momento le dio tanto poder a la CNMC. Pues lo hizo y no hace tanto. El pasado mes de enero, el Consejo de Ministros, a propuesta de su ministero, aprobaba un real decreto que devolvía al superregulador las competencias en regulación energética que hacía mucho habia perdido y que Bruselas llevaba tiempo señalando que debía recuperar.

Pero el caso es que, sin que haya habido ningun enfrentamiento abierto -de hecho, la ministra Ribera ha evitado pronunciarse sobre la última circular de la CNMC que tanto ha enfadado al sector- si que parece haber desacuerdos soterrados. El departamento que dirige ha emitido los cuatro primeros informes sobre las primeras Circulares anunciadas a principios de este mismo mes con el objeto de valorar la adecuación de las mismas a las orientaciones de política energética y dichos informes, pese a estar precedidos de la frase “valoramos positivamente de manera global la circular…” estan sapicados de matizaciones en las que le ‘afean’ que no haya tenido en cuenta las orientaciones de política energética.

Comisión  de Cooperación

Quizá en previsión de esto, el ministerio se guardó un as en la manga: la convocatoria de la denominada “Comisión de Cooperación» con la intención de resolver las discrepancias existentes o lo que en alguno de los informes se denomina “intromisión en sus competencias”. El Ministerio de Tansción ya ha reclamado la intevención de la susodicha Comisión para poner paz.

El trasfondo del asunto es que todas las partes implicdas estan, en funciones o casi en funciones. Lo está la ministra Ribera y casi lo está el presidente José María Marín Quemada cuyo madato, después de seis años, vence el próximo mes de octubre. El suyo y el de otros tres consejeros: Josep María Guinart, Clotilde de la Higuera y Benigno Valdés.

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