Jesús Lizcano.
Cuanto mayor es el nivel de democracia y de participación ciudadana en un país, mayor transparencia debe haber en las instituciones públicas, entre otras cosas porque así lo demandan los ciudadanos, la sociedad civil y las propias instituciones u órganos que controlan a las entidades públicas y a los políticos. En este contexto de obligada transparencia social adquiere especial relevancia la necesaria regulación y la apertura informativa de los lobbies (también conocidos como grupos de interés o grupos de presión), figura realmente sustantiva en la sociedad política y económica actual. Podemos delimitar conceptualmente el lobby como el sujeto o también el acto de llevar a cabo por parte de un grupo organizado gestiones ante responsables políticos, con objeto de influir en la toma de decisiones públicas.
En España ha habido una evidente falta de interés por regular los lobbies, tanto por parte de los propios lobbistas como sobre todo por los responsables públicos o políticos, potenciales destinatarios de las gestiones o presiones de los lobbies; es realmente necesario y urgente que en este país haya una normativa que garantice conocer quién influye en los procesos legislativos, cómo influye, sobre quién, con qué resultados y con qué medios económicos lo hace. Hay que resolver el importante retraso respecto a otros países en esta regulación legal para que haya un mayor conocimiento, confianza y control social de las actividades de estos grupos de interés.
Aunque es difícil conocer con exactitud el número de lobbies existentes en España, en la Unión Europea constan registrados de forma voluntaria más de diez mil lobbistas, de ellos unos setecientos cincuenta son españoles; aunque no sean todos los que operan en la realidad, la cifra evidencia el importante número de lobbies de nuestro país que operan ante instituciones europeas, teniendo en cuenta además que muchas empresas de comunicación, despachos de abogados, etc., ofrecen adicionalmente los servicios de lobby.
Hemos de considerar positivamente que se haya creado un registro de grupos de interés en instituciones concretas, como es el caso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y que supone un avance en el camino de registros públicos y oficiales de lobbies en nuestro país
En Europa la influencia de los lobbistas y los lobbies, además de estar envuelta en secreto es motivo de preocupación. Según estudios realizados a nivel europeo, en muchos países de la UE más del cincuenta por cierto de los ciudadanos creen que su gobierno está, en gran medida o enteramente, guiado por unos pocos y poderosos intereses, y más de un ochenta por ciento cree que los vínculos excesivos entre los negocios y la política generan corrupción en su país.
En todo caso, no hay que olvidar que la figura del lobby no es en sí mismo negativa, ya que es una forma de acercar a los ciudadanos a los políticos y legisladores, y lo que habrá que asegurar mediante el correspondiente marco legal es que sea una actividad transparente, es decir, que sus actuaciones estén controladas y dentro de unas pautas que se establezcan explícita y legalmente; si se deja que siga habiendo opacidad y que en muchos casos estos grupos actúen defendiendo los intereses de alguna empresa o grupos de empresas en beneficio propio, y no de la colectividad, estaremos propiciando y manteniendo el estatus actual, que deja bastante que desear y que hace innecesariamente sospechosa de ilegalidad a esta actividad, que se desarrolla de forma regulada en otros países.
De cara a lograr un mínimo nivel de transparencia en este terreno de los lobbies resulta necesaria una clara identificación de los mismos mediante el correspondiente registro público, y para que se pueda llegar a valorar positivamente su posible contribución en los procesos de emisión y promulgación de las leyes, será conveniente que los distintos grupos de interés deban así registrarse legalmente en relación con aquellas instituciones públicas con las que se reúnen y tienen relaciones.
Entendemos a este respecto que cualquier registro de lobbistas debería ser obligatorio e incluir a todos aquellos que realizan esta actividad profesionalmente, incluyendo así a toda persona que busque ejercer influencia de forma organizada, y no sólo, por tanto, a los lobbistas profesionales, sino también a representantes del sector privado, empresas de consultoría, de relaciones públicas, sindicatos, think tanks, despachos de abogacía, organizaciones no gubernamentales, académicas o religiosas, etc. En cualquier caso, lo mejor para la transparencia social sería la creación de un registro general que incluya e involucre a todos los grupos de interés y partes interesadas, de una forma coordinada e integrada a nivel nacional.
Aparte de los propios registros de lobbies, pensamos que serán necesarias otras medidas en aras de la transparencia, por ejemplo, que todo representante público debiera informar de manera clara de los contactos que mantiene respecto a cada medida o política pública con la que está o ha estado relacionado, e incluso informar públicamente sobre su agenda de trabajo. Además, debería aprobarse de una forma consensuada un código ético para la actividad de lobby, estableciendo estándares éticos claros en cuanto a la comunicación y la búsqueda de influencia respecto a los cargos políticos y funcionarios públicos. También debería existir una agencia u órgano independiente que gestione el sistema, monitoree y sancione los incumplimientos tanto del sector privado como del público; a tal efecto podría crearse una institución nueva, o bien reorganizar una existente para ocuparse de este control social.
Si hacemos referencia, por otra parte, al mundo empresarial, cabe recordar que en España hay distintos tipos de lobbies en diversos sectores económicos y empresariales. Hay algunos lobbies más evidentes para el público, aunque sin que tengan regulación o registro formal alguno, y otros bastante más ocultos, tanto en cuanto a la prestación como a la posible contraprestación existente.
No hemos de olvidar que, en la práctica, la mayor parte de las patronales empresariales son lobbies, aunque ello podría considerarse hasta cierto punto normal, ya que velan por los intereses de sus empresas o afiliados. Siempre que ello se haga de una forma clara, transparente y sin vulnerar normas legales, puede ser lógico e incluso a veces positivo de cara a mejorar algunas regulaciones legales que son técnicamente complejas y que pueden necesitar el apoyo y asesoramiento a los gobernantes por parte de estas instituciones sectoriales. En todo caso, aparte de los lobbies relacionados con las patronales, no hay que olvidar que también hay lobbies de carácter sindical, ecologista, etc.
Por otra parte, hemos de considerar positivamente que se haya creado un registro de grupos de interés en instituciones concretas, como es el caso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y que supone un avance en el camino de registros públicos y oficiales de lobbies en nuestro país; aunque dicho registro se ciñe específicamente a este organismo, ello puede constituir en todo caso una vía o referencia para una institucionalización de estos registros públicos y estar así en línea con otros países de nuestro entorno y con la propia Unión Europea.
En referencia a otros progresos relativos a instituciones públicas cabe señalar algunos recientes avances normativos en este mismo año (2019). Por ejemplo, el pasado mes de febrero se aprobó el Código de Conducta de los Diputados del Congreso, en el que se obliga a Sus Señorías a incluir en su propia agenda pública cualquier reunión relacionada con posible influencia en aspectos legislativos, aunque no se contempla la creación de un registro de lobbistas en este ámbito. Por otra parte, el pasado mes de abril se publicó la Ley 10/2019 de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, la cual viene a regular el registro de los grupos de interés.
A pesar de estos puntuales avances normativos, pensamos que hace falta una clara voluntad política de implementar una adecuada regulación general de los lobbies, que sea ésta una necesidad sentida por todas las formaciones políticas, y que apuesten así de una vez por la transparencia y el control en este sector tan importante como sensible, y que a ellos les afecta de una forma tan clara; ello contribuiría a reducir la desafección ciudadana y el alejamiento de la sociedad de los partidos políticos, así como a reducir los riesgos de corrupción.
En resumen, la mejora de la transparencia y la integridad en este ámbito contribuiría a distinguir el lobby de las actividades corruptas o faltas de ética, a equilibrar el campo de juego en la toma de decisiones, y en definitiva, a lograr mejores leyes y políticas para todos.
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid. Académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Es miembro fundador y expresidente de Transparencia Internacional España. Director de dos revistas: Encuentros Multidisciplinares y Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión, y codirector de la Revista Internacional de Transparencia e Integridad. Entre 1989 y 1991 fue Catedrático en la Universidad de León. Es autor de catorce libros y de más de ciento cincuenta artículos en publicaciones tanto nacionales como internacionales. Forma parte del Consejo de Redacción o editorial de otras cinco revistas (nacionales y extranjeras). Ha recibido diversos Premios, y ha dirigido y/o participado en numerosos trabajos y proyectos de investigación, siendo miembro de varias Asociaciones académicas nacionales e internacionales.
