Tribuna / Carles Campuzano*
Cuando escribo estas líneas la investidura de Pedro Sánchez parece incierta. Las negociaciones abiertas con Unidas Podemos están bloqueadas, el diálogo a fondo con los partidos catalanes y vascos soberanistas, que son imprescindibles en una mayoría de progreso, no está en la agenda y las apelaciones a la “responsabilidad“ de los partidos de la derecha han caído en saco roto. En el horizonte se cierne la amenaza de una nueva repetición electoral. Mientras el sistema de partidos parece entrar en modo de bucle, la ciudadanía asiste, entre indiferente e irritada, al bloqueo institucional. Vamos a ver qué ocurre, pero es muy evidente que unas nuevas elecciones a Cortes Generales, las cuartas desde finales de 2015, serian un nuevo fracaso de nuestro sistema de partidos. La desafección estaría, de nuevo, más que justificada.
En este escenario de bloqueo hay quienes focalizan el origen de los problemas y las dificultades en las previsiones constitucionales sobre la investidura y apuntan a la necesidad de la reforma constitucional para garantizar la gobernabilidad. Otros opinan que estamos frente a un problema de “cultura política” que impide que los pactos o las coaliciones de gobierno, comunes en el resto de las democracias avanzadas del Viejo Continente, empiecen a implementarse en España.
La principal cuestión política que tiene enfrente Pedro Sánchez no es otra que encontrar una salida democrática y acordada sobre el futuro político de Catalunya. Es más, la trayectoria política de Sánchez y su éxito o fracaso como gobernante va estar directamente vinculado a Catalunya
Quizás sea necesaria la reforma del articulo 99 de la Constitución y que el modelo del País Vasco de la investidura del ‘lehendakari’ tenga sentido implementarlo para el proceso de investidura del presidente del Gobierno. Y seguro que hay problemas en la cultura política de un sistema institucional poco avezado, en el nivel estatal, para la cohabitación entre fuerzas políticas que compiten por un mismo espacio electoral. Seguro que todo ello es cierto, pero tengo la impresión de que los problemas son más de fondo y todos se resumen en una misma idea: la ausencia de un proyecto pensado para una inmensa mayoría de la sociedad que sepa encontrar respuestas a los desafíos políticos, económicos, sociales, culturales, tecnológicos y ambientales que afronta el Estado español. Y en el centro de esa ausencia de proyecto está la cuestión catalana, que gravita en torno a cualquier posible alianza gubernamental. El peso demográfico, político, económico y cultural de Catalunya es demasiado grande para pretender gobernar España ignorando la cuestión catalana o simplemente “conteniendo” las demandas de esa sociedad. No puede haber proyecto para España sin encontrar una salida democrática a las demandas catalanas de reconocimiento nacional y poder político. Rajoy lo sabe bien. Y el presidente Sánchez debería saberlo. De momento, las ondas expansivas del tema catalán continúan expandiéndose. La ultima crisis de Ciudadanos es su enésima expresión.
La principal cuestión política que tiene enfrente Pedro Sánchez no es otra que encontrar una salida democrática y acordada sobre el futuro político de Catalunya. Es más, la trayectoria política de Sánchez y su éxito o fracaso como gobernante va estar directamente vinculado a Catalunya. Es normal que sea así. La dimensión de la crisis institucional y democrática es enorme. Los costes para la democracia española del “quietismo” y del traspaso a los jueces del gobierno del conflicto entre el Estado y las instituciones catalanas han sido y son altos. La democracia española ha pagado un costoso precio para garantizar la unidad de España. Y la recuperación de la calidad de la democracia en España va a continuar vinculada a la cuestión catalana. Sólo un acuerdo entre el Estado y Catalunya, refrendado por los catalanes, y la libertad de los presos políticos y el fin del exilio, van a demostrar que la fortaleza de la democracia española en Catalunya no depende de la fuerza del Estado, sino de la convicción de la mayoría de la sociedad catalana de la legitimidad democrática del sistema institucional.
La investidura también va de eso, sobre todo.
*Licenciado en Derecho, trabajó entre 1986 y 1992 en el Departament de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya. Ha sido secretario general (1989-1994) y presidente (1994-1996) de la Joventut Nacionalista de Catalunya, concejal del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú (1987-1991), diputado en el Parlament de Catalunya (1992-1995) y diputado en el Congreso desde 1996 hasta 2019, además de miembro del Consell Nacional de Convergència Democrática de Catalunya hasta que se refundó en el Partit Demòcrata Europeu Català (PdeCat), del que ha sido portavoz en el Congreso hasta las elecciones del 28-A.
