Una sentencia histórica

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Carles Campuzano.

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso soberanista catalán es, sin duda, el acontecimiento político más relevante que deber afrontar la sociedad española en su conjunto. Las consecuencias de la sentencia van a tener un enorme impacto en la dinámica política de las próximas semanas y meses. De entrada, la sentencia se va a dictar en plena, de hecho, campaña electoral y va situar, de nuevo, la cuestión catalana en el centro del debate político español. El grueso de los partidos españoles, incluido el Partido Socialista, han optado por mantener y aumentar, si cabía, su tono duro frente al independentismo. No es ninguna novedad, pero todo ello contribuye a profundizar en la separación emocional entre buena parte de la sociedad catalana y la mayoría de la sociedad española. Es una mala noticia, sin lugar a dudas. Hace ya demasiados años que unos y otros hemos renunciado al ejercicio de la política entendida también como pedagogía. El respeto al adversario y sus razones parecen haberse sustituido por la demonización y la aspiración a la destrucción del enemigo. Es un planteamiento para nada democrático y hace harto difícil construir soluciones políticas a los problemas políticos, especialmente de aquellos vinculados al reconocimiento de identidades y al reparto del poder. No es una situación ni mucho menos nueva, pero llueve sobre mojado. Los agravios, los sentimientos heridos, la dignidad menospreciada, la injusticia se multiplican. Curar las heridas no va ser, en ningún caso, fácil.

FERNANDO MORENO

Si la sentencia del Tribunal Supremo optase por entender que los hechos fueron violentos en los términos definidos para los delitos de rebelión y sedición, estaríamos frente a una concepción peligrosamente amplia de la violencia para el ejercicio de la protesta y la disidencia en una sociedad democrática

Pero las consecuencias de la sentencia se van a proyectar en el tiempo, precisamente.

En primer lugar, la sentencia terminará siendo revisada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Hay razones fundadas para pensar que una parte significativa del proceso penal no se ha realizado con las garantías que el estándar europeo en la materia exige. Un varapalo para la justicia española en Estrasburgo en un proceso penal contra dirigentes sociales y representantes electos no es inocuo en términos reputacionales y de poder blando de un Estado de la Unión Europea.

En segundo lugar, la sentencia sentará un precedente muy relevante sobre el alcance del concepto de violencia en nuestro ordenamiento jurídico. Si la sentencia optase por entender que los hechos acontecidos en Catalunya durante el otoño de 2017 fueron violentos en los términos definidos para los delitos de rebelión y sedición, estaríamos frente a una concepción peligrosamente amplia de la misma para el ejercicio de la protesta y la disidencia en una sociedad democrática. La preocupación no debería de interpelar sólo a los independentistas catalanes, sino al conjunto de los demócratas en España.

En tercer lugar, la sentencia, en cualquier caso, va a introducir mayor complejidad a la búsqueda de la solución política que la cuestión catalana requiere. Desde el momento en que el Gobierno optó por dejar en manos de los jueces el manejo de la crisis catalana, el espacio para la política se ha ido achicando. Ahora la sentencia va a terminar de cerrar el círculo. Los  jueces y los fiscales habrán cumplido el papel asignado en esta obra y la política debería de retornar. Es muy evidente que, a mayor dureza de la sentencia, más dificultad para la política.

En cuarto lugar, mientras haya presos, y exiliados, las soluciones y las salidas democráticas al conflicto no se van a producir. Es más. Las salidas y las soluciones al conflicto deberán incorporar la cuestión de la prisión y el exilio. El indulto, la amnistía, la reforma del Código Penal, son soluciones que va a estar en la mesa. Sin ellas, no encontraremos salida al laberinto.

Y, finalmente, el impacto emocional de la sentencia en el medio plazo y en Catalunya va a depender, fundamentalmente, de la solución negociada y acordada del conflicto. Si éste se enquista, como resultado de la incapacidad de los actores políticos afectados, el foso entre Catalunya y España sería insalvable en un periodo muy largo de tiempo, agravado por un proceso penal y una sentencia que habrán sido vividas con un enorme sentimiento de injusticia en Catalunya.

La sentencia será, sí, histórica. Y el Tribunal Supremo debe saberlo. Su responsabilidad debe entender que nunca el autoritarismo ha resuelto una demanda amplia de una sociedad como la catalana.

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