El Grupo Municipal Partido Popular de Colmenar Viejo ha registrado una moción para su debate en la Comisión de Hacienda y, si se estima, su aprobación en el Pleno Ordinario de septiembre reclamando al Gobierno Central la creación del fondo de 5.000 millones de euros prometido a los ayuntamientos para hacer frente a la crisis, pese a haberse desestimado el decreto en el que iba, que no era otro que el que pretendía expropiar los ahorros de las entidades locales.
“Los ayuntamientos llevamos echando el resto, destinando recursos, personal y medios para hacer frente a esta crisis, incluso antes de la entrada en vigor del Estado de Alarma, y necesitamos recursos para seguir abordando la situación. Que la fuerza del municipalismo haya frenado el decreto de Hacienda porque pretendía expropiar a los ayuntamientos sus ahorros no exime al gobierno de articular la creación y entrega del fondo de 5.000 millones de euros que estimaron que precisaban las entidades locales. Pido el apoyo de los grupos para elevar esta moción que no entiende de siglas, sino que muestra el compromiso con los vecinos, a los que desde el ayuntamiento apoyamos con todo lo que podemos en medio de esta pandemia, pero que necesita de unos recursos cada día más escasos”, ha explicado el portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, Carlos Blázquez.
Quien ha añadido que: “para poder seguir actuando con inmediatez frente a esta emergencia, también necesitamos que se suspenda la Ley de Estabilidad y Regla del Gasto en este año y, al menos, 2021 y 2022, en los que tendremos que seguir haciendo esfuerzos”.
La moción del PP
La moción cuenta con la siguiente exposición de motivos:
«La financiación de los municipios depende básicamente de las transferencias que realiza el Estado y de los impuestos que tiene transferida su recaudación a las entidades locales.
El pasado 22 de mayo la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias aprobó por unanimidad la propuesta que exige la creación y puesta a disposición de los Entes Locales de tres fondos: uno para el impulso y recuperación económica y social, otro para el sostenimiento del transporte público urbano y otro para la gestión del ingreso mínimo vital. El primero, para el impulso y recuperación económica y social tenía a su vez dos bloques de financiación: un bloque con un importe de 5.000 millones de euros en 2020 y una cantidad no inferior a 1.000 millones en 2021; y el segundo bloque, dotado con el 14,16% de los fondos procedentes de la UE, “el equivalente a nuestra participación en el Estado”, según explicó el presidente del FEMP, Abel Caballero.
El Ministerio de Hacienda ha intentado chantajear a las entidades locales, poniendo a disposición de las mismas ese fondo de 5.000 millones con la condición de que se entregasen al Estado todos los remanentes con los que cuentan las entidades locales.
Pero no sólo ha intentado chantajear a las Entidades Locales, sino que además presentaba una propuesta totalmente insolidaria con muchas entidades locales, ya que para poder optar al reparto de esos 5.000 millones para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social a la que nos enfrentamos, los ayuntamientos debían entregar sus remanentes de tesorería, si no lo hacían o no tenían remanentes no participaban de ese reparto.
Afortunadamente, la unión de alcaldes de todos los partidos políticos frenó la aprobación del Real Decreto 27/2020, que el Ministerio de Hacienda se negó a negociar, afirmando su titular con soberbia: “que esto es lo que hay”.
Al igual que los Ayuntamientos se financian del Estado, las Comunidades Autónomas se rigen por una financiación proveniente fundamentalmente del Estado, de impuestos transferidos o de transferencias por competencias que ejercen las Comunidades Autónomas que son del Estado.
Para las Comunidades Autónomas el Estado creo el pasado 16 de junio un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros, de los cuales tenían que destinar 9.000 millones a Sanidad, 2.000 millones a Educación, 800 millones a Transporte y el resto para paliar el desplome de ingresos como consecuencia de la COVID-19.
Este fondo no tenía más condiciones que el destino a esos temas concretos para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social.
Desde mucho antes de que se decretara el Estado de Alarma, el pasado 14 de marzo, los ayuntamientos han estado en primera línea de batalla contra el virus, destinando infinidad de recursos no sólo en prevención sanitaria, sino que también para hacer frente a la crisis social y económica, ejerciendo competencias totalmente impropias.
Por eso se hace necesario y urgente que el Estado transfiera, al igual que ha hecho con las Comunidades Autónomas, los recursos necesarios a las Entidades Locales no sólo para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social, sino que también para hacer frente a la caída de la recaudación de las Entidades Locales.
Por todo ello, se propone al Pleno que se adopten los siguientes acuerdos:
1º Reclamar al Gobierno de España la creación urgente de un fondo de 5.000 millones destinado a las Entidades Locales, para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social, sin ningún tipo de condición y que se reparta, tal y como ha sucedido con las comunidades autónomas, con un único criterio: el poblacional.
2º Reclamar al Gobierno de España que suspenda temporalmente durante 2020, 2021 y 2022 la Ley de Estabilidad y Regla del Gasto, tal y como ha hecho la Unión Europea con los Estados Miembros».
