La Policía Local de Borox detiene a dos hombres acusados de caza ilegal de aves fringílidas

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La Policía Local de Borox cogieron ‘infraganti’ a dos varones, que responden a las inciales J.M.M.R. y E.F.L. de 26 y 18 años respectivamente, como presuntos autores de delito de caza ilegal de aves fringílidas, utilizando “artes ilegales para el cometido”, según han relatado los agentes.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado día 5 de octubre, cuando Agentes de la Policía Local de Borox recibieron una llamada telefónica alertando de la existencia de dos jóvenes en un paraje rústico de la localidad cazando con redes varias aves.

Cuando llegaron al lugar de los hechos y tras comprobar lo que estaba sucediendo, observaron una red de libro instalada y preparada para ser utilizada. A la llegada de los agentes, los dos detenidos permanecieron escondidos entre la vegetación de la zona para evitar ser descubiertos, momento que realizaron una batida minuciosa por el paraje hasta dar con su localización.

Una vez identificados se hallaron en su poder redes de libro y varias jaulas, en su interior se encontraban varios pájaros de raza jilgueros sin anillar, así como también de un pájaro cruzado mixto, utilizado para reclamo y poder ayudarse para la captura de varios ejemplares silvestres, los pájaros acudían a las trampas y al aproximarse, quedaban atrapadas en ellas.

Tras las investigaciones realizadas por parte de los Agentes de la Policía Local, resultaron ser los mismos individuos que habían sido vistos anteriormente por diferentes zonas rústicas de la localidad para capturar aves fringílidas.

Los hechos, por tanto, se investigan como constitutivos de un delito contra la flora y la fauna, por cazar sin autorización y con métodos prohibidos aves protegidas.

El jilguero común cuenta con la protección legal de una directiva de la Unión Europea para la conservación de estas especies en su estado salvaje y la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

Los autores de este tipo de delitos se enfrentan a penas de penas de prisión que van de seis meses a dos años o a multas de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, se exponen a la inhabilitación para cazar o pescar por un tiempo que oscila de dos a cuatro años.