Virginia Miranda.
El fallo del Tribunal Supremo es unánime y los posibles recursos tienen poco recorrido; por el “interés general”, el Gobierno tiene luz verde para sacar a Franco del Valle de los Caídos. El Ejecutivo confía en solventar los últimos trámites y proceder a la exhumación del dictador antes de que dé comienzo oficial la campaña, pero todos los partidos están en modo electoral y han hecho su particular lectura política de una de las promesas de Pedro Sánchez con más carga simbólica para la izquierda y más potencial movilizador.
Desde que Pedro Sánchez anunciara hace más de un año que “muy pronto”, en “semanas o días”, Franco saldría del Valle de los Caídos, han pasado muchos meses y muchos errores de principiante. El primero y más importante, no prever la capacidad de respuesta de la familia y del monje benedictino a cargo de la abadía y de los restos del dictador. Las trabas del religioso obligaron al Ejecutivo socialista a buscar mediadores, a lanzar veladas amenazas al Episcopado y a llamar a las puertas del Vaticano. El resultado de todo aquello fue que la Iglesia se comprometió a respetar la sentencia del Supremo y nada hace pensar que éste vuelva a ser un problema.
Luego está la familia Franco que, con sus recursos judiciales, ha logrado paralizar el proceso de exhumación y quitarle el sueño a Sánchez; en una jugada inesperada aunque factible –allí reposan ya los restos de Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde, y de Carmen Franco Polo, que fue enterrada el pasado diciembre–, los nietos del dictador anunciaron que, si su abuelo salía de Cuelgamuros, lo inhumarían en la cripta de la catedral de la Almudena donde poseen un nicho en propiedad.
Fin al insomnio de Sánchez
Sacar a Franco de la sierra de Guadarrama para que sus restos acabaran en pleno centro histórico de Madrid se interpretaba como un fracaso dentro de las propias filas socialistas y el temor ha permanecido vivo hasta este pasado martes, cuando los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo fallaban, por unanimidad, a favor del Gobierno.
Hasta la sentencia del Supremo, la familia Franco ha mantenido paralizado el proceso de exhumación y le ha quitado el sueño a Sánchez
Esto es, rechazan la totalidad del recurso de la familia Franco en aras del “interés general” dando luz verde al Ejecutivo para que exhume al dictador del Valle de los Caídos y lo inhume en el cementerio de Mingorrubio (El Pardo), una propiedad pública que suscita el rechazo de las asociaciones de víctimas del franquismo [ver entrevista a Emilio Silva] que en todo caso descarta la opción de la catedral de Madrid dando por válidas las razones de seguridad y orden público esgrimidas por el Ejecutivo.
El juez que puede trastocar los planes
Aún quedan algunas trabas por solventar para sacar los restos del dictador de Cuelgamuros antes del arranque oficial de la campaña electoral, según el deseo del Gobierno manifestado por la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo. Expertos jurídicos llevan días descartando la posibilidad de que un recurso de la familia pueda prosperar en el Tribunal Constitucional, pero aún queda por resolver la paralización de la licencia de la obra dictada el pasado febrero en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 3 de Madrid con el argumento de que “pone en peligro la integridad física de los operarios”.
El juez que debe levantar las medidas cautelares sobre la exhumación ha criticado la ley de memoria histórica y ha firmado un manifiesto de Libres e Iguales
Su titular es José Yusty Bastarreche que, tras la sentencia del Supremo, tendrá que decidir si mantiene estas medidas cautelares urgentes sobre el levantamiento de la losa que cubre la sepultura del dictador. Un asunto que no entrañaría dudas de no ser por el perfil del juez que estos días han recuperado los medios de las hemerotecas: en 2017 suspendió un acto previsto en Madrid por los independentistas catalanes a favor del referéndum que había sido autorizado por la entonces alcaldesa, Manuela Carmena, arremetió años antes en una revista académica contra la ley de memoria histórica, y firmó un manifiesto de la plataforma impulsada por Cayetana Álvarez de Toledo, Libres e Iguales, añadiendo el comentario “Contad conmigo si pensáis que puedo ser útil”, para terminar con un “¡Viva España!”.
El dictador y el 10-N
Al margen de cómo se resuelvan los asuntos pendientes, Franco ya ha entrado en campaña electoral. La coincidencia del fallo del Supremo con la convocatoria de unas elecciones generales anticipadas ha sido recibida con una indisimulada alegría en las filas socialistas, donde la exhumación de Franco del Valle de los Caídos tiene tanta carga simbólica en la izquierda que se espera sea capaz de animar al voto de los abstencionistas.
Coincidiendo con la disolución de las Cortes, los portavoces políticos hacían sus primeras valoraciones de la sentencia con la vista puesta en la lectura que fuera a sacar de ellas sus potenciales electores. Sin duda, quienes más cómodos se han mostrado en sus declaraciones públicas han sido los socialistas. “Se acabó gracias a un Gobierno socialista” la “anomalía” de que una democracia como la española tenga al dictador enaltecido en un monumento, ha dicho la número dos del partido y su portavoz en el Congreso, Adriana Lastra.
En Unidas Podemos, cuya estrategia estas últimas semanas consiste en acaparar el espacio de la izquierda subrayando la deriva al centro del PSOE, han querido rebajar el entusiasmo socialista. Esta ha sido “una conquista que debemos a los familiares de las víctimas de la dictadura”, ha precisado Pablo Iglesias en los perfiles de sus redes sociales.
La contrariedad de la derecha
La sentencia del Tribunal Supremo español ha sido noticia en todo el mundo occidental, donde la presencia del dictador Francisco Franco se considera una anormalidad democrática. Medios progresistas y conservadores han valorado el fallo y han puesto de nuevo a nuestro país en el foco informativo desde un punto de vista positivo.
La derecha española, sin embargo, no lo ha visto de esa forma. Es más, habla de cálculos interesados y de abrir heridas. Sin perder de vista a unos votantes entre los que aún sobrevive el franquismo sociológico, ha acusado a los socialistas de querer dividir a la ciudadanía.
Casado ha obviado la separación de poderes para acusar a su contrincante en las generales de hacer electoralismo
En el Gobierno en funciones “están pendientes del calendario electoral para algunas cuestiones, poniendo temas sobre la mesa que ya están felizmente superados”. En su primera valoración de la sentencia que da vía libre a la exhumación de Franco durante una entrevista en Onda Cero, Pablo Casado obvió la separación de poderes para acusar a su contrincante en las generales de hacer electoralismo.
El líder del PP añadía que “no gastaría ni un euro en desenterrar a Franco”, una declaración con más recorrido del que parece; de prolongarse las trabas judiciales, podría ser otro Ejecutivo el que tuviera que decidir sobre la exhumación del dictador. Una posibilidad que apela al voto de izquierdas pero también al de la derecha que se sintió defraudada con los populares cuando hace casi un año se abstuvieron en la condena del Senado al franquismo.
Se abstuvieron ellos y Ciudadanos, partido que en su pelea sin complejos por el voto conservador ha subido el tono de su confrontación con el PSOE como por otra parte acostumbra a hacer con otras ideas fuerza en campaña. Así, ha sido el propio Albert Rivera quien, en su cuenta de Twitter, ha dicho que “afortunadamente, la dictadura de Franco acabó hace 44 años. Sánchez lleva un año jugando con sus huesos para dividirnos en rojos y azules, pero a muchos españoles a estas alturas no nos importan”.
¿Efecto sobre Vox?
Jugar con huesos y profanar tumbas. En la primera convocatoria electoral a la que concurrieron después de que el Gobierno de Pedro Sánchez iniciara los trámites para tratar de sacar a Franco del Valle de los Caídos, Vox entró en las instituciones con doce diputados en el Parlamento andaluz. El anuncio del presidente socialista fue celebrado por la izquierda pero también fue contestado de forma llamativa por la extrema derecha, que se agolpó en Cuelgamuros en protesta por lo que ahora llama Santiago Abascal una profanación.
La primera reacción del líder de la extrema derecha española, replicada por el resto de líderes de su partido y por él mismo en declaraciones públicas, fue hablar de “profanar tumbas, desenterrar odios y cuestionar la legitimidad de la Monarquía”. “Solo Vox tiene el valor para defender la libertad y el sentido común frente al totalitarismo y los trucos de propaganda electoral”, añade.
Abascal coincide, con Casado y Rivera, en hablar de electoralismo para referirse a una sentencia del Tribunal Supremo. La originalidad del candidato que estaba a la baja en las encuestas radica en su referencia a la Corona, una forma de revestirse del parlamentarismo democrático español con el que pretende sumar puntos a los que espera recuperar con la reacción ultra a la sentencia; el Consejo de Ministros presidido por Arias Navarro propuso que Franco fuera enterrado en el Valle de los Caídos a Juan Carlos I, que firma la orden como “Yo, el Rey”.
Después de que los principales partidos volvieran a situar el centro político en su radar electoral, la exhumación de Franco ha recuperado la causa ideológica para la campaña. Las próximas encuestas dirán si está siendo un aliciente contra el abstencionismo que tanto preocupa en la izquierda.
