José Luis Centella.
Este año nos hemos encontrado con una Diada Nacional de Catalunya celebrada en uno de los momentos de mayor incertidumbre política desde hace décadas, tanto en lo que respecta a la configuración del Gobierno del Estado, con una más que posible repetición de elecciones, como al propio escenario político y social catalán. Influye decisivamente en esto último tanto el agotamiento del ‘procés’ y la división, ya pública y notoria, de los partidos independentistas, como la cercanía de la sentencia del juicio al que se sometió a representantes de entidades sociales y miembros del anterior Gobierno de la Generalitat.
El debate de la última Diada debería haber puesto sobre la mesa la lucha contra la desigualdad y la pobreza, la recuperación de los servicios públicos de calidad o la lucha por la larga lista de derechos y libertades cercenados que importan al conjunto de la gente
La Diada era históricamente una jornada reivindicativa, inclusiva y democrática de los y las catalanas de cualquier adscripción política, lengua habitual u origen, pero en los últimos años esto no ha sido así por la ruptura social abierta. Las actividades de este día y, sobre todo, la manifestación de la tarde se han planteado desde una óptica de confrontación y división frentista. Ha quedado en el aire, por lo tanto, el objetivo de que el 11 de Septiembre recupere la pluralidad y la cohesión social, cuestión que no sólo es posible, sino completamente necesaria para que se permita un debate sereno.
Cada vez es más evidente que el diálogo, la negociación y el respeto a la pluralidad ideológica y democrática es la única vía para afrontar el problema político del encaje de Catalunya en el Estado. Para ello debe canalizarse hacia el terreno de la política la solución de un contencioso que nunca se tendría que haber judicializado.
Con el proceso unilateral que culminó en aquella triste jornada del 1-O y la pretensión de declaración unilateral de independencia, por una parte, y con el encarcelamiento de diferentes representantes sociales y políticos, por otra, no se ha avanzado hacia una solución dialogada, sino profundizado en la confrontación.
Es verdad que con el cambio de Gobierno en España, tras la moción de censura, parecía que se abría una oportunidad para avanzar soluciones, pero hasta el momento no ha sido así y sigue pendiente la salida desde una perspectiva unitaria, amplia y plural.
Tampoco hay que olvidar que el escenario político estatal, más con el reforzamiento de la extrema derecha, tiene mucho que ver con la utilización del ‘tema catalán’ para alentar el españolismo mas reaccionario, tanto en Catalunya como el resto del Estado.
Conviene señalar también que a estas alturas es evidente que en Catalunya hay quien se esconde detrás de la ‘guerra de banderas’ para plantear recortes de los derechos sociales, privatizaciones de servicios públicos, así como para aprobar Presupuestos y reformas fiscales antisociales. Esto se ha hecho ya a un lado y a otro del Ebro.
Por eso, el debate de la última Diada debería haber puesto sobre la mesa la lucha contra la desigualdad y la pobreza, la recuperación de los servicios públicos de calidad o la lucha por la larga lista de derechos y libertades cercenados que importan al conjunto de la gente. A la vez, hay que reclamar que el Parlament recupere la iniciativa y debata unos Presupuestos que reviertan los recortes que se aprobaron en los años 2011 y 2012, y que siguen castigando a los sectores populares.
Además, no se debería haber dejado pasar un 11 de Septiembre sin recordar el golpe fascista de 1973 en Chile, que con el apoyo de EE UU y su CIA acabó con el gobierno socialista de la Unidad Popular de Salvador Allende. Quien diga que esto es mera historia se equivoca. Hoy la Administración Trump trata de resucitar la ‘doctrina Monroe’ para que EE UU se sienta de nuevo con pleno derecho a intervenir en toda Latinoamérica para imponer por el método que sea gobiernos sumisos.
Coordinador de la Asamblea Político y Social de Izquierda Unida y presidente del Partido Comunista de España (PCE), partido del que ha sido secretario general entre 2009 y 2018. Maestro de profesión, fue concejal en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Benalmádena, provincia donde inició su actividad política y por la que fue elegido diputado al Congreso en 1993, 1996 y 2000. En la X Legislatura (2011-2015) volvió a la Cámara Baja como diputado por Sevilla, ocupando la portavocía del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA-La Izquierda Plural.
