Bruno Estrada.
Los últimos gobiernos de nuestro país no han sido capaces de anticiparse al nuevo contexto internacional derivado de las nuevas aplicaciones y desarrollo tecnológico del mundo digital. La digitalización es un fenómeno que está afectando a todas las sociedades, cambiando nuestra forma de comunicarnos y relacionarnos, de trabajar y de crear valor. Sin embargo las consecuencias de la digitalización en el empleo están siendo muy diferentes, en cada país en función de las políticas aplicadas.
En aquellos países en los que se ha favorecido el incremento de valor de sus industrias y empresas, que han invertido en I+D+i, que han favorecido la creación de ‘hubs’ tecnológicos y clúster de innovación, y que han hecho hincapié en la formación continua de sus trabajadores por parte del Estado y de las empresas, y en pagarles bien, la consecuencia es que de forma paralela al incremento de su productividad y competitividad se ha logrado una redistribución de la riqueza más equitativa, reduciéndose las desigualdades sociales.
Hay que garantizar infraestructuras públicas en mercados que son monopolios naturales; incrementar el grado de regulación del Estado en estos mercados para facilitar la competencia en la oferta de servicios digitales, e impulsar la formación de los trabajadores, y pagarles adecuadamente, desde el diálogo social
Una de las claves fundamentales para conseguir que la digitalización de la sociedad y la economía beneficie realmente a toda la población es lograr un acceso universal a las conexiones digitales de alta velocidad a precios económicos. Ello exige una fuerte determinación de los gobiernos para actuar contra las situaciones de oligopolio en el mundo digital.
El principal reto digital que tiene actualmente España es actuar frente al oligopolio del sector de las telecomunicaciones en el que tres empresas (Telefónica-Movistar, Vodafone y Orange) dominan más del 82% del mercado de banda ancha en telefonía móvil, y más el 94,4% en banda ancha fija minorista, según la CNMC. Ya que ello supone un notable encarecimiento artificial de los servicios digitales para los clientes (empresas y hogares).
Esta situación es muy diferente a la de Suecia, cuya estrategia de banda ancha puesta en marcha desde los años noventa consistió en construir una red pública de fibra óptica que ofreciera precios reducidos a todos los operadores, sin que la empresa pública entrara en competencia con las operadoras. Además de una adecuada reglamentación del gobierno para garantizar el correcto funcionamiento del mercado. Facilitar el acceso a Internet a precios bajos a todas las empresas y hogares ha modificado los métodos de trabajo tradicionales y ha permitido el desarrollo de nuevos servicios, modelos de actividad y patrones de conducta.
Las políticas diametralmente opuestas dan lugar a resultados socioeconómicos muy diferentes. Suecia encabeza hoy casi todos los ‘rankings’ relativos a la economía digital y, a la vez, sus salarios reales han crecido por encima de su productividad desde el año 1995. A diferencia de España, donde el empobrecimiento del capital humano, la fuga de talentos y la incapacidad para revertir la desindustrialización ha hecho que en ese mismo periodo nuestra productividad haya crecido muy por encima de los salarios reales, excepto en 2008 y 2009.
Suecia está en el puesto nº 7, según el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial, España en el nº 34. Suecia esta en el puesto nº 5 de acuerdo en relación a la complejidad de la producción, España en el puesto 32. Suecia se sitúa en el puesto 7º en el ‘ranking’ de tecnología e innovación, nosotros en el 26. Suecia es el primer país del mundo en capacidad de absorción de las tecnologías por las empresas, el 5º en la inversión de las empresas en tecnologías emergentes y en el 7º en el grado de colaboración de todas las partes implicadas. España ocupa los puestos 48, 49 y 73, respectivamente.
Para revertir la situación hay que: 1) garantizar infraestructuras públicas en mercados que son monopolios naturales; 2) incrementar el grado de regulación del Estado en estos mercados para facilitar la competencia en la oferta de servicios digitales, y 3) impulsar la formación de los trabajadores, y pagarles adecuadamente, desde el diálogo social. En caso contrario seguiremos perdiendo la carrera.
Economista, adjunto a la Secretaría General de CC OO. Es director adjunto del Programa Modular de Relaciones Laborales de la UNED y miembro del Consejo Ciudadano de Podemos de la Ciudad de Madrid. Fue miembro fundador de Economistas Frente a la Crisis. Ha publicado diversos libros, el más reciente La Revolución Tranquila (Ed. Bomarzo). Autor de la obra de teatro Escuela Rota y productor de varios cortometrajes y películas con los que la productora Dexiderius ganó dos Goyas.
