La Junta de Castilla y León y la Diputación de Ávila han firmado, dentro del programa Rehabitaré puesto en marcha por la administración regional en colaboración con las nueve diputaciones de la región, un convenio que tiene por objetivo el ofertar alquiler social en el medio rural, especialmente para los jóvenes, en este caso dentro de la provincia abulense.
Para la firma de este convenio, que se ha celebrado en la localidad morañega de Cabezas del Pozo, donde se ha llevado a cabo la rehabilitación de una vivienda de estas características, en presencia de su alcaldesa, Sara Fernández, han estado como representantes de ambas instituciones el presidente provincial de Ávila, Carlos García, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
De esta manera, tras la firma, se ha concretado que se invertirá un total de 1,3 millones de euros para la rehabilitación de 26 viviendas en Ávila, de los cuales 416.000 euros, de los cuales se repartirán los gastos a partes iguales entre Junta y Diputación, servirán para llevar a cabo la rehabilitación de ocho viviendas. A ello habría que sumar además otros 870.000 euros más que la Consejería de Fomento destinará a rehabilitar además otras 18 viviendas.
La suma de estas 26 nuevas viviendas, supondrá, en conjunto, un total de 50 que habrán sido rehabilitadas hasta el final de la actual legislatura destinadas a este fin del alquiler en el medio rural, que habrán supuesto una inversión final de 2,5 millones de euros.
Requisitos para elegir las viviendas
Según ha informado, las viviendas que serán rehabilitadas deben estar en municipios de menos de 5.000 habitantes y deberán ser de titularidad municipal en pleno dominio y libre de cargas, además de que habrá que justificar desde los Ayuntamientos la existencia de demanda de viviendas en alquiler a través del registro público de demandantes de viviendas de protección pública de Castilla y León.
Para escogerlas, se pondrán en marcha una Comisión de Seguimiento, que será la encargada de escoger, dentro de los municipios elegidos las viviendas que mejor se adapten a estos requisitos. La Diputación, en este contexto, ayudará la Junta a coordinar las actuaciones necesarias y a contratar las obras, que no podrán superar los 40.000 euros más IVA por cada una de las viviendas.