Normalmente, los fuegos provocados son los que ocasionan los daños más severos, ya que intentan encontrar las condiciones y lugares más propicios para causar daño, como ocurre con el incendio de Cuevas del Valle–Mombeltrán, que todavía se encuentra en proceso de extinción.
La Junta solicita a los ciudadanos en dos aspectos: primero, que colaboren proporcionando información que ayude a identificar a los responsables de los incendios, y en segundo lugar, que adopten precauciones extremas para erradicar conductas imprudentes que puedan causar fuegos.
Las sanciones por provocar deliberadamente un fuego en el bosque dependen de si se considerado un accidente, un descuido o un acto intencionado; en esta última situación, la pena podría llegar a 20 años de cárcel, además de la compensación por los perjuicios ocasionados y los costos de la extinción del fuego.
El estudio que lleva a cabo la Junta de Castilla y León para comprender las razones detrás de los incendios forestales persigue dos objetivos: implementar acciones de prevención que impidan futuros incendios e identificar posibles responsabilidades tanto administrativas como penales, las cuales se por los tribunales. Si se presentan evidencias claras de intencionalidad, la investigación se realizará de manera conjunta con la Guardia Civil.
La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha recibido una comunicación de la Consejería para expresar su agradecimiento por la labor realizada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el asunto abordado. Se solicita que, dentro de lo factible, se refuercen las tareas de investigación y supervisión con el fin de erradicar estas actividades delictivas que amenazan no solo el entorno natural, sino también la vida y la seguridad de los ciudadanos.