La Diputación de Ávila gestionará los casi dos millones de euros que la Junta de Castilla y León destinará a los 230 ayuntamientos de menos de mil habitantes de la provincia como parte del Fondo Extraordinario de Inversiones del Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en la Comunidad Autónoma. Así lo han firmado hoy en el Torreón de los Guzmanes el presidente, Carlos García, y el consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez.
“Este convenio pone de manifiesto el compromiso, el esfuerzo, la atención y la empatía de la Junta de Castilla y León con las entidades locales de nuestra provincia”, ha señalado García, “porque combatir la crisis que la pandemia ha generado en todos los ámbitos requiere de unas instituciones fuertes, coordinadas y bien dotadas de recursos para atender las múltiples necesidades que tienen nuestros vecinos, nuestras empresas y nuestras familias”.
De este modo, la Junta aportará el 50% del montante total del acuerdo, la Institución provincial, el 25%; y cada ayuntamiento que solicite acometer proyectos, el 25% restante. Con estos recursos los municipios podrán financiar inversiones que se destinen a sustitución de tuberías de abastecimiento, arreglo de depósitos reguladores de abastecimientos y actuaciones de eficiencia energética, como sustitución de luminarias, mejora técnica de edificios y sustitución de calderas. Todas ellas son inversiones compatibles con el cumplimiento de alguno de los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, como marca el acuerdo.
El consejero de Presidencia ha destacado que los recursos tienen una parte fija y otra variable y que “los factores de corrección que se han utilizado para establecer el porcentaje variable han sido la tasa de paro de la provincia y la tasa de despoblación, lo que ha beneficiado a Ávila, de manera que la cuantía se ha visto incrementada en un 19,5%, lo que es una buena noticia para los abulenses que muestra el compromiso del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, con esta tierra”.
Los plazos de la subvención establecen que antes del 31 de mayo deben estar contratadas las obras, unas contrataciones que se deben remitir a la Diputación y a la Junta antes del 30 de septiembre. La conclusión y justificación no puede demorarse más allá del 15 de diciembre de 2022.
