Cientos de personas acudieron a la reunión convocada por el Ayuntamiento de Villaluenga de La Sagra para informar sobre la instalación de una planta de biogás en el municipio. El encuentro fue muy tenso debido a la gran oposición de la mayoría de los asistentes a la instalación de la planta de biogás que ya comenzó su construcción en el municipio y que cuenta con todas las licencias e informes favorables para su instalación.
Los opositores al proyecto mostraron su total rechazo a la construcción de esta planta y apenas dejaron a los ponentes, que fueron el alcalde del municipio, Carlos Casarrubios y el director de desarrollo de la empresa Verdalia, propietaria de la planta, David García, poder expresar sus argumentos.

El alcalde de la localidad aseguró que la planta tiene todos los permisos en regla, que el proyecto está catalogado como prioritario para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y que cuenta con todos los informes favorables preceptivos, como el de medio ambiente, de la administración regional. También afirmó que el Ayuntamiento simplemente tramitó, como «con cualquier otra empresa», el permiso y que se concedió por su parte porque cumple con todos los requisitos que pide la ley. Además puso a disposición de los que quieran los informes y el proyecto de la planta tras las quejas de los vecinos de «ocultismo» de la instalación de la planta el Villaluenga de La Sagra.

La mayoría de los asistentes, que se oponen a la instalación de la planta, mostraron su temor a las posibles consecuencias en materia de salud para los vecinos, y de vertidos así como de malos olores que puede causar la instalación, puntos que intentó rebatir el representante de Verdalia que apenas pudo hablar debido a la muestra de oposición a la planta por parte de los vecinos.
La tensión fue la tónica general de la reunión informativa en la que también intervino un representante de la plataforma por la paralización y reubicación de la planta de biogás que cuenta con 1.300 firmas a través de la web change.org. El representante explicó que la planta no cumplía en materia de sanidad ya que se sitúa a menos de dos kilómetros de los núcleos urbanos de Cobeja, Villaluenga y Yuncler, punto que fue aclarado por el alcalde de Villaluenga, que explicó que ese requisito tiene una excepción que cumple la planta, «si no no hubiera dado el permiso la Junta».
El representante de la plataforma mostró la preocupación vecinal por las posibles causas de enfermedades y contaminación, tanto ambiental como de la tierra, que pueda causar la planta. Expresó el malestar por el trasiego de camiones con los residuos a lo que el alcalde aseguró que está prohibido que transiten por los núcleos urbanos.
La planta comenzó su construcción con una inversión de 17 millones de euros, se prevé que esté operativa a finales de 2026 y cuenta con la Autorización Ambiental Integrada de la Junta de Castilla-La Mancha y las licencias municipales. Los promotores informaron que generará siete puestos de empleo directo y que durante su construcción, se prevé la participación de entre 50 y 80 personas.
La instalación podrá procesar 156.000 toneladas de restos agrícolas y ganaderos del entorno para generar energía equivalente al consumo de gas de 11.000 hogares de la región.