El Pleno de Boadilla del Monte ha aprobado provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal general de gestión, inspección, recaudación y revisión de los tributos municipales y otros ingresos de derecho público. La propuesta, presentada por el concejal de Hacienda, Antonio Vázquez, tiene como objetivo adaptar la normativa municipal a los últimos cambios de la legislación tributaria estatal y actualizar los procedimientos de gestión y recaudación.
Desde el Partido Popular han explicado que la reforma incorpora cambios en materia de sanciones, medios y canales de pago, domiciliación bancaria y sistemas especiales de pago, además de simplificar determinados procedimientos de aplazamiento y fraccionamiento de deudas. La modificación también profundiza en la digitalización de la Administración tributaria municipal mediante herramientas como la firma electrónica, el sello electrónico y el código seguro de verificación.
El PP ha defendido además la reducción de la bonificación por domiciliación bancaria, que pasa de un máximo de 600 a 150 euros por inmueble y tributo. Según el Gobierno municipal, el cambio parte de una propuesta de los servicios de Tesorería para ajustar las bonificaciones a la realidad y evitar situaciones consideradas desproporcionadas. El Ejecutivo local ha señalado que la medida tendría un impacto limitado y afectaría a un número reducido de contribuyentes.
Más Madrid ha votado a favor de la modificación, al considerar que se trata de una actualización necesaria de la ordenanza. Igualmente, el PSOE también ha respaldado la propuesta y ha valorado la reforma como una mejora de carácter fundamentalmente técnico.
Vox, sin embargo, ha manifestado que comparte buena parte de las modificaciones planteadas, especialmente aquellas destinadas a simplificar los procedimientos de aplazamiento y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Pero, ha votado en contra y ha mostrado su rechazo a la reducción de las bonificaciones por domiciliación bancaria. La formación ha criticado que una medida con impacto económico directo sobre determinados contribuyentes se incluya dentro de una reforma más amplia de carácter técnico y ha reclamado que este tipo de decisiones se tramiten de manera independiente para que el Pleno pueda pronunciarse sobre cada una de ellas por separado.