El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha dado por finalizada la labor del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) en Pozuelo de Alarcón, después de analizar las defensas y el recurso de reposición que presentaron el 14 de agosto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
De este modo, se ha comunicado la decisión en la que el Ayuntamiento, considerando la situación de precariedad de las más de 400 personas que habitan allí de acuerdo con las últimas cifras proporcionadas por el propio Gobierno central, otorga un plazo de cuatro meses al Ejecutivo (el doble del tiempo que el propio ministerio admite como promedio de permanencia) para que se realojen, evitando de esta manera el cierre inmediato que es obligatorio en tales circunstancias. Sin embargo, durante ese periodo no podrá recibir nuevos residentes y el incumplimiento de esta norma conllevaría el mencionado cierre inmediato.
La resolución se produce luego de que el 30 de julio anterior se informara al refugio de la localidad sobre la suspensión cautelar de su operación, luego de verificar que carecía de la licencia necesaria para funcionar. De esta forma, y de acuerdo con los datos que el mismo Ministerio incluye en sus argumentaciones, en las instalaciones se lleva a cabo una actividad de acogida y residencia, la cual no cuenta con autorización y cuyo uso no se ajusta a la normativa local.
Ocupación
La documentación presentada por el Ministerio evidencia que a partir del 1 de julio se permite la ocupación de un máximo de 564 plazas en el establecimiento, aunque la única licencia de construcción registrada en el proyecto original, datada en 2013, corresponde a un centro de formación de la Tesorería General de la Seguridad Social, el cual incluye un auditorio y alojamiento con 150 habitaciones. “Un uso que nada tiene que ver con el que el Gobierno ha venido haciendo en los últimos meses y mucho menos aún con lo que pretendía hacer trasladando a 400 menores no acompañados a dicha instalación,” declara la alcaldesa, Paloma Tejero.
De este modo, el ministerio mencionado admite que en el centro había cientos de personas albergados sin las condiciones adecuadas, pese a que durante la revisión efectuada por los técnicos del municipio el 29 de julio, no se logró verificarlo debido a que la entidad administradora y el mismo ministerio les impidieron el acceso. No obstante, en las argumentaciones del ministerio no se menciona en ningún momento la razón principal de la orden de cierre, la cual radica en que se está llevando a cabo una actividad no autorizada, lo que constituye un motivo suficiente y necesario para su clausura.
A pesar de que el ayuntamiento comunicó al Gobierno central la falta de la licencia adecuada del centro, dado que su capacidad de alojamiento se ha incrementado por más de siete veces y para un propósito muy diferente, el Ejecutivo ha desestimado la opción de comenzar los procedimientos para pedir una nueva licencia pertinente, plazo que finalizó a finales de agosto.