El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aceptado el Proyecto de Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha, siendo este el paso previo a su envío y aprobación en las Cortes regionales, algo que probablemente sucederá durante el segundo trimestre de 2022, tal y como ha asegurado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández.
De esta manera “damos cumplimiento por parte del Gobierno regional a un compromiso que teníamos desde el principio de la legislatura”, ha explicado la consejera, quien ha añadido que ésta “era una deuda histórica con el colectivo LGTBI, que ha sufrido discriminación, violencia e invisibilidad durante muchísimos años y todavía hoy necesitan de la protección de sus derechos”.
Fernández ha agradecido la labor realizada por las entidades LGTBI regionales y también el de otras organizaciones y personas que han participado. Ha sido un proceso muy participativo, ya que se han presentado más de 500 alegaciones a los distintos borradores que han servido para incorporar distintas perspectivas.
También, la responsable de Igualdad confía en que esta ley se pueda consensuar con la oposición, con los que ya se han mantenido conversaciones “fructíferas y positivas” que espera “se sustancien en un voto unánime”. Cree que será posible pues Castilla-La Mancha ha sido casi siempre punta de lanza en materia de igualdad con leyes tan importantes como la Ley contra los malos tratos o la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género; algo que sin embargo no ha sucedido en materia LGTBI.
En cuanto a su contenido, la Ley se compone de 66 artículos estructurados en un título preliminar, cinco títulos, cinco disposiciones adicionales, una derogatoria y cinco finales. En definitiva, se trata de una ley muy completa que trata prácticamente todas las situaciones relacionadas.
Además, en la parte económica esta Ley cuenta con memoria económica, con un programa presupuestario propio para 2022 y la creación de una unidad administrativa de Igualdad en la Diversidad LGTBI.