Avance en la ‘Ley Ómnibus’ que prepara la Comunidad de Madrid

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Con la aprobación de esta ley, el ejecutivo regional pretende modernizar e impulsar económicamente la región.

La Comunidad de Madrid avanza en la tramitación legislativa de la ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración, conocida como Ley Ómnibus, para modernizar la administración regional y como impulso a la actividad económica.

El texto que contiene 31 leyes, tres decretos legislativos, seis nuevas regulaciones de rango legal y dos decretos permitirá, además, la reducción de un millón de euros anuales gracias a la mejora en los trámites administrativos y a la eficiencia en los servicios prestados.

Enrique López, consejero de Presidencia, ha defendido este proyecto puesto que “avanzar en la mejora de una amplia legislación autonómica que cubre muchos supuestos que requieren actualización, flexibilización y un enfoque claro orientado a la superación de la crisis económica”. Además, ha señalado que los beneficiarios son los ciudadanos “personas que necesitan que en la gestión pública se trabaje a su favor, con garantías, eliminando obstáculos, de manera eficaz y flexible ante un periodo de profundos cambios que suponen
nuevos desafíos. Personas, en definitiva, que tienen derecho a soluciones útiles”.

“Los objetivos son impulsar la actividad económica en la región, adaptar el cuerpo normativo actual a las nuevas realidades sociales y económicas, eliminar cargas innecesarias y modernizar la organización administrativa”, ha subrayado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior.

El consejero ha explicado también que la ley Ómnibus pivota sobre cuatro ejes: la gestión eficaz de las consecuencias de la crisis provocada por el Covid-19; la mejora de determinados servicios públicos, especialmente a las personas más vulnerables; la adaptación de las normativas sobre urbanismo y medio ambiente a las nuevas realidades económicas; y la eficiencia del gasto público.

El texto también aborda la modificación de la Ley del Juego para asegurar una mayor protección a los menores y adolescentes y la Ley 9/2001 del Suelo, para que sea más liberalizadora y permita reactivar la economía regional.