El Ayuntamiento de Majadahonda posterga la implementación de la tarifa de basuras hasta el 2025

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En el presente año 2024, el gobierno municipal del Ayuntamiento de Majadahonda postergará la implementación de la reciente tarifa de basuras y no la impondrá a los residentes, expertos, establecimientos y empresas de la localidad.

Vale la pena mencionar que se trata de una novedosa imposición instaurada por la Ley 7/2022, de residuos y suelo contaminado para una economía circular, promovida por el Gobierno de España, que requiere y vincula a los municipios a establecer y implementar un gravamen para sufragar los gastos del servicio de recolección, transporte y procesamiento de desechos.

La regulación faculta que este impuesto obligatorio no sea efectivo hasta el año 2025, por lo tanto el Ayuntamiento de Majadahonda esperará hasta el plazo legal disponible y no implementará esta carga tributaria hasta el año 2025, siguiendo su compromiso de mantener una política fiscal moderada y adaptable que lo ha convertido en la segunda localidad española con más de 50.000 habitantes con la menor carga fiscal.

Una muestra de esto es que el presupuesto municipal de 2024, aprobada recientemente y se encuentra en vigor, no incluye como ingresos la implementación de este nuevo gravamen.

Por lo tanto, durante el presente año se llevará a cabo la elaboración del contenido de la regulación fiscal correspondiente a esta tasa.

Con este fin, se está empezando a analizar las características y usos de los inmuebles existentes en el municipio y, al mismo tiempo, se estudiarán las posibles reducciones que se consideren apropiadas para determinar y mitigar el impacto de este nuevo gravamen para los hogares, profesionales, comercios y empresas.

Actualmente, se aplican en el Ayuntamiento de Majadahonda descuentos significativos de carácter medioambiental en el ámbito de las instalaciones solares y estaciones de carga para coches eléctricos (por ejemplo, en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades Económicas), planes de transporte urbano para empleados en empresas situadas en el municipio (Impuesto sobre Actividades Económicas) o vehículos con distintivos ecológicos «0», «ECO», «C» y «B» (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica).