El Ayuntamiento de Pozuelo ha presentado alegaciones en un juzgado de Madrid contra las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno central, que intentan evitar el cierre de un centro de inmigrantes en la ciudad que funciona sin licencia. El consistorio había ordenado el cierre del centro en septiembre, argumentando que no cumple con la normativa municipal y estatal. El centro solo tiene autorización para 270 camas para estancias breves, pero actualmente alberga hasta 564 solicitantes de asilo, lo que genera preocupaciones sobre la sobrepoblación.
Historia
Desde 2013, el edificio tiene una única autorización que establece la necesidad de obtener una nueva licencia si se cambia su uso. Sin embargo, el Gobierno central no ha seguido este procedimiento después de recibir el edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en marzo de 2022 para atender la emergencia por la guerra en Ucrania. Un año y medio después, el centro fue convertido en un lugar permanente para solicitantes de asilo sin solicitar la licencia necesaria.
Además, el Gobierno ha considerado la posibilidad de utilizar este centro para albergar a menores inmigrantes no acompañados, aunque esto no se ha concretado aún. El Ayuntamiento ha informado a la Comunidad de Madrid y a la Fiscalía de Menores sobre esta situación.
El Ministerio de Migraciones ha tardado más de cuatro meses en intentar regularizar la situación y ha optado por recurrir a la vía judicial para detener el cierre del centro, cuya fecha límite ya ha pasado. Ahora, la decisión sobre el futuro del centro sin licencia está en manos del juzgado. Las alegaciones del Ayuntamiento se han presentado tras la llegada tardía del recurso del ministerio, justo antes de Navidad, lo que complicó el proceso.
La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, ha declarado que “cuanto más avanza este ayuntamiento para que el Gobierno de Sánchez cumpla la ley en nuestra ciudad, más claro queda que no solo la ha incumplido, sino que está empeñado en seguir incumpliéndola con cosas tan temerarias como autorizar que se metan casi 600 personas donde no caben ni la mitad, sin licencia y saltándose todas las normas. Confiamos en que la Justicia actúe ante esta irresponsabilidad y, en cualquier caso, llegaremos hasta donde haga falta para que así sea”.