El Ayuntamiento de Boadilla aprobó, durante su sesión Plenaria de mayo, la propuesta del grupo popular en la que instaba al Gobierno de España a ingresar los 750 millones de euros que adeuda a las entidades locales en concepto de entregas a cuenta del IVA del año 2017.
Desde entonces, los populares han exigido al ejecutivo de Sánchez la devolución de un importe que según ellos «no constituye ninguna dádiva o favor, sino el pago de una deuda que el Gobierno mantiene desde hace dos años con todos los vecinos de los municipios, provincias, cabildos y consells de España».
Y es que así lo avala el Tribunal Supremo tras resolver un recurso presentado por Castilla y León en que avala que «Sánchez y Montero discriminaron a las comunidades autónomas y las entidades locales al decidir, conscientemente, no atender sus obligaciones legales y no pagarles el IVA que les adeuda del ejercicio 2017».
En concreto, la Sala de Contencioso-Administrativo del Supremo considera que el ejecutivo «vulneró el derecho a la autonomía financiera de las comunidades autónomas y de las entidades locales». Al igual que hizo hace unos días con el recurso presentado por la Junta de Galicia ante la negativa del Gobierno de transferir las cantidades pendientes a las Comunidades Autónomas.
Con la aprobación de esta moción, el Ayuntamiento de Boadilla pretende exigir al Gobierno que ejecute el pago de los 750 millones de euros en que se cuantifica el perjuicio causado a las entidades locales por el desplazamiento de ingresos de IVA del mes de diciembre de 2017.
Además Boadilla exigirá al Gobierno de Sánchez «que deje de discriminar a las entidades locales» y ponga en marcha el fondo para la reconstrucción local de 3.000 millones de euros y el fondo para paliar el déficit del transporte público local de 1.000 millones euros. Al tiempo que permita a las entidades locales gestionar el 14,6% de los fondos de recuperación europeos.
Unas iniciativas que entroncan en la propuesta del grupo popular de Boadilla de elaborar un proyecto de ley que modifique el actual sistema de financiación local y que permita una mayor seguridad jurídica y una financiación adecuada a las entidades locales.