La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, ha declarado que no aceptará el traslado de menores inmigrantes a su localidad. “Se trata de una decisión temeraria, que sigue sin ser comunicada oficialmente y que juega seriamente tanto con la protección de los menores como con la sensación de seguridad de nuestros vecinos”.
Tejero ha señalado que ha enviado cartas sin respuesta tanto al Ministerio de Infancia como al Delegado del Gobierno, solicitando confirmación y explicaciones urgentes sobre esta situación. Tejero también ha enviado una nueva carta a la ministra Elma Saiz para asegurar que no se enviará ningún menor a Pozuelo y ha pedido una reunión urgente para discutir el tema.
«Sigo exigiendo al Gobierno de España información y lealtad institucional y, como ya he dicho, la paralización de cualquier traslado de menores inmigrantes no acompañados al Centro CREADE ubicado en nuestra ciudad, que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico no puede producirse. No vamos a permitir que se traslade a ningún menor a un centro en el que no se reúnen las medidas necesarias, donde no hay espacio y donde no se cumplen las condiciones mínimas para albergar a cientos de menores migrantes con necesidades específicas de protección, atención psicológica, escolarización o integración”, ha afirmado la alcaldesa.
Además, la alcaldesa ha solicitado explicaciones sobre el futuro de los refugiados ucranianos que actualmente están en el centro, dado que están escolarizados en la zona y el centro está al 83% de su capacidad.
Tejero considera que cualquier traslado de menores entre comunidades debe contar con el consentimiento expreso de la comunidad receptora, independientemente del estatus del centro.
Centro temporal para refugiados
Tejero recordó que el CREADE se concibió como un recurso temporal para refugiados ucranianos y no está preparado para acoger de manera indefinida a cientos de menores. Rechaza la política migratoria del Gobierno, que califica de nefasta, alegando que trata a los menores como objetos y no cumple con su deber de protección.
Finalmente, la alcaldesa exige al Gobierno que resuelva el caos actual y se siente a dialogar con las Comunidades Autónomas para establecer soluciones adecuadas y equitativas en la distribución de menores, en lugar de dejar que los municipios asuman la carga sin apoyo.