La Junta de Castilla y León considera recurrir la decisión del Gobierno sobre la conexión de Ávila con la A-6

El consejero José Luis Sanz Merino denuncia que la decisión afecta a los intereses de la provincia de Ávila

La Junta de Castilla y León considera recurrir la decisión del Gobierno sobre la conexión de Ávila con la A-6

El consejero José Luis Sanz Merino denuncia que la decisión afecta a los intereses de la provincia de Ávila

lo La Junta de Castilla y León analiza la posibilidad de presentar un recurso de reposición ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible debido a la decisión del Gobierno de España de no interconectar Ávila con la Autovía del Noroeste (A-6) a través de un tramo de aproximadamente 25 kilómetros de autovía que iría desde la capital hasta Adanero.

Esta resolución, fechada el 27 de marzo de 2025, y se publicó en el Boletín Oficial del Estado esta semana.

Consideran los técnicos jurídicos del Ejecutivo autonómico que el artículo 15 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre de Carreteras, utilizado por el Gobierno como justificación para rechazar la realización de esta conexión, ya que obliga a que los estudios informativos incluyan un análisis coste-beneficio.

“Es un contrasentido que utilicen este artículo 15 para argumentar la no ejecución de ninguna de las dos alternativas incluidas en el estudio informativo y que eran funcionalmente viables”, subrayó José Luis Sanz Merino, el consejero de Movilidad y Transformación Digital.

El consejero afirmó que «se trata de una decisión política que perjudica notablemente los intereses de la Comunidad, en especial de los ciudadanos de la provincia de Ávila”, e insta al Ejecutivo central a que “rechace hacer un nuevo estudio informativo que daría lugar a unos plazos inasumibles y trabaje en desarrollar algunas de las dos alternativas”.

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Consideran los técnicos jurídicos del Ejecutivo autonómico que el artículo 15 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre de Carreteras, utilizado por el Gobierno como justificación para rechazar la realización de esta conexión, ya que obliga a que los estudios informativos incluyan un análisis coste-beneficio.

“Es un contrasentido que utilicen este artículo 15 para argumentar la no ejecución de ninguna de las dos alternativas incluidas en el estudio informativo y que eran funcionalmente viables”, subrayó José Luis Sanz Merino, el consejero de Movilidad y Transformación Digital.

El consejero afirmó que «se trata de una decisión política que perjudica notablemente los intereses de la Comunidad, en especial de los ciudadanos de la provincia de Ávila”, e insta al Ejecutivo central a que “rechace hacer un nuevo estudio informativo que daría lugar a unos plazos inasumibles y trabaje en desarrollar algunas de las dos alternativas”.

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