A través de un comunicado redactado, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón recordó a la ministra de Migraciones, Elma Saiz, que tiene menos de un mes para cerrar y desocupar el centro de inmigrantes irregulares que el Gobierno central posee en esta área. Esta actividad se realiza en un inmueble de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que está autorizado para albergar a 150 empleados públicos, y no para recibir a más de 400 inmigrantes, cifra que, según datos del mismo ministerio, estaba presente en esas instalaciones cuando el ayuntamiento emitió la orden de clausura a mediados de septiembre.
En la carta, la alcaldesa, Paloma Tejero, recuerda al Gobierno nacional que se concedió un plazo razonable de cuatro meses por parte del Ayuntamiento para la ejecución de esa orden de cierre definitivo. Al ministerio no se le ha presentado ninguna impugnación administrativa, ni hay constancia de que se haya realizado en el ámbito judicial, puesto que la fecha límite para la presentación del recurso caducó el 17 de noviembre. Después de más de treinta días, el consistorio no ha recibido absolutamente nada, lo cual sería inusual si realmente se hubiera presentado aquel recurso, como sostiene en este momento el Gobierno nacional, aunque sin ofrecer detalles sobre cuándo ni dónde.
En virtud de estas consideraciones, la alcaldesa de Pozuelo enfatiza en el documento citado que el ministerio que lidera Saiz debe desocupar este centro irregular de inmigrantes antes de transcurrir un mes, concretamente el 17 de enero, y devolver esas instalaciones de la TGSS a la única finalidad para la cual están autorizadas, que es el alojamiento específico para funcionarios, no para inmigrantes, y, además, incrementando su capacidad hasta tres o cuatro veces.
Después de la fecha límite
De igual manera, se ha comunicado por parte del Consistorio que, si en el momento indicado el Gobierno central persiste en gestionar este centro de inmigrantes sin la autorización apropiada, será el Ayuntamiento quien emprenda acciones legales e incluso iniciará un procedimiento administrativo sancionador que contempla multas de hasta 3 millones de euros.