Junta de Castilla y León financia vehículos de protección civil y emergencias en Ávila

175

La directora de la Agencia de Protección Civil, Irene Cortés, junto con el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, el delegado territorial de la Junta en la provincia, José Francisco Hernández y el alcalde de Arévalo, Vidal Galicia presentaron los seis vehículos y el material adquiridos, gracias a la Junta de Castilla y León a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER REACT UE).

Con esta subvención, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación Provincial de Ávila mejora las capacidades del cuerpo de bomberos.

La Junta de Castilla y León, ha posibilitado a la Diputación de Ávila para destinar a sus bomberos cinco vehículos complementarios para extinguir incendios que irán destinados a los parques de bomberos establecidos en los municipios de Arenas de San Pedro (Ramacastañas), Arévalo, Cebreros, Sotillo de la Adrada y Piedrahíta, además de uno adicional para salvar vidas.

También, se ha provisto al cuerpo de bomberos de la Diputación de Ávila de equipamiento de primera actuación contra fuegos para los automóviles del servicio y de cinco conjuntos de primera actuación contra fuegos.

Con esta ayuda, estimada en 767.119 euros, la Junta de Castilla y León ha buscado fomentar y respaldar la establecimiento territorial de una red de parques de servicios de prevención, apagado de incendios y rescate con pautas de protección civil, que posibiliten brindar una respuesta uniforme para todos los residentes de Castilla y León, sin importar la provincia en la cual se ubiquen, además de optimizar el sistema de protección ciudadana en el entorno rural

Entidades beneficiarias de la subvención

Las entidades locales obligadas a brindar servicios de prevención y extinción de incendios, de acuerdo con la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, son los beneficiarios de esta línea de financiamiento.

Aquellas que inviertan en la construcción, modernización o equipamiento de parques de bomberos podrán acceder a estas subvenciones.

La subvención ha sido otorgada a las nueve diputaciones provinciales y las nueve capitales de provincia, junto con Miranda de Ebro, Aranda de Duero y Ponferrada.

La cantidad de la subvención excede los 35 millones de euros

De los 35.100.000 euros inicialmente concedidos, los beneficiarios han utilizado 19.794.284 euros, de los cuales 6.123.307 se han invertido en la construcción de nuevos parques o su adaptación; 8.051.591 euros se han gastado en la compra de vehículos, y se han destinado 5.619.384 euros para equipar los diferentes servicios.

Estas subvenciones por parte de la Administración autónoma han colaborado en establecer una prestación de servicio uniforme del servicio de prevención, extinción de incendios y rescate en todo el territorio autonómico, en particular, en lo que respecta a los tiempos de respuesta.

Las entidades locales continúan recibiendo el apoyo constante de la Junta de Castilla y León

Se ha afirmado por parte de la directora general de la Agencia de Protección Civil y Emergencias que se mantendrá el respaldo brindado por la Junta de Castilla y León a los servicios de prevención, extinción y rescate de las entidades locales de Castilla y León.

No solo se realizarán contribuciones monetarias, sino que además, desde el Gobierno autonómico se ha comenzado la tramitación de un marco legal específico para los SPEIS, conocido como la Ley de Ordenación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de las Entidades Locales de Castilla y León, que aborda la estructura fundamental de dichos servicios.

Con esta medida se va a fijar un mínimo de estandarización y fomentar una mejora en la colaboración entre los servicios, siendo esto además un aspecto clave para la seguridad ciudadana, previendo también mecanismos de acción conjunta y de participación tanto de los entes responsables del servicio, como de los representantes de los trabajadores del grupo de los SPEIS, y regulando de manera uniforme el régimen aplicable al personal operativo que realiza las tareas.