Julio Rodríguez.
La política de vivienda ha ocupado un puesto destacado en los documentos políticos publicados por los dos principales partidos políticos de la izquierda. En el documento de Unidas Podemos, publicado en agosto de 2019, ‘Propuestas para retomar el dialogo’, el programa de Vivienda ocupaba unas diez páginas. En el documento del PSOE, ‘Programa Común Socialista’, publicado en los primeros días de septiembre de este año, el tema citado ocupaba cuatro páginas.
La mayor parte de las propuestas más destacadas en materia de política de vivienda aparecen en los dos documentos políticos mencionados. En primer lugar, se pretende crear un gran parque de viviendas de alquiler de precio asequible para frenar el importante aumento sufrido por los alquileres privados. El PSOE alude a la posibilidad de aplicar medidas fiscales para conseguir dicho objetivo. Podemos pretende establecer un calendario cuatrienal, según el cual se llegaría a construir 50.000 viviendas anuales para destinarlas al alquiler.
Podemos propone una modificación sustancial del procedimiento de ejecución hipotecaria, de forma que la responsabilidad del prestatario moroso se limite al bien hipotecado
En segundo lugar, ambos partidos modificarían el Plan Estatal de Vivienda. En este momento está en vigor el Plan 2018-2021, dentro del cual los recursos se destinan a las ayudas a los inquilinos y a la construcción de viviendas sociales de alquiler. No se conocen los resultados de la ejecución del Plan Estatal citado en el año 2018.
La AIReF ha señalado que en las ayudas a la vivienda del gobierno central, instrumentadas a través de transferencias a las comunidades autónomas, no se conoce bien el destino efectivo de tales ayudas. Las autonomías siguen calificando proyectos de viviendas como de protección oficial, pero el acortamiento de los plazos para descalificar a una vivienda protegida y pasarla a libre, con el consiguiente ‘pelotazo’ para el comprador, limita bastante el carácter social de dicha política.
En tercer lugar, en ambos documentos se contempla la utilización de los organismos públicos Sepes e ICO para contribuir a la creación de parques públicos locales de viviendas de alquiler. Sepes aportaría suelo público y el ICO canalizaría financiación crediticia a las nuevas promociones de viviendas destinadas al alquiler.
En cuarto lugar, en ambos documentos se contempla la regulación de los denominados “pisos turísticos”. En relación con estos últimos se señala en el documento de Podemos que se trata de “evitar que los fondos buitre y las plataformas tecnológicas acaben con la convivencia vecinal”.
En quinto lugar, en ambos programas se recoge la creación de una estadística de precios del alquiler. En el documento del PSOE se alude a un “índice estatal de rentas de referencia”. En el documento de Podemos la creación del índice citado se asocia con el objetivo de que “ninguna familia pague más del 30% de su renta en concepto de alquiler”.
Podemos propone una modificación sustancial del procedimiento de ejecución hipotecaria, de forma que la responsabilidad del prestatario moroso se limite al bien hipotecado. También propone la reforma del régimen jurídico y fiscal de las socimis, para que estas entidades colaboren en el aumento de la oferta de viviendas de alquiler con precios asequibles.
No se alude en ambos programas a las viviendas de protección oficial, que ya habían desaparecido de los dos últimos planes estatales de vivienda. Ambos documentos destacan la construcción de viviendas sociales de alquiler, sin especificar si dichas viviendas tendrían algunas características específicas. Este punto es importante, porque las viviendas protegidas disfrutan de ventajas urbanísticas, reconocidas en las leyes de suelo estatales y autonómicas. Dichas ventajas deberían de extenderse a las viviendas destinadas al alquiler social.
A la vista de las notables dificultades para acceder a la vivienda para una parte importante de los nuevos hogares en España, lo importante es que el núcleo central de dichos programas se llegue a aplicar en algún momento.
Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE. Doctor en CC. Económicas por la UCM (1977). Es Estadístico Superior del Estado, en situación de excedencia, y Economista Titulado del Banco de España, en situación de jubilación. Ha sido consejero de Economía de la Junta de Andalucía, presidente del Banco Hipotecario de España, presidente de Caja de Ahorros de Granada, presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada y gerente de la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente es miembro de Economistas frente a la Crisis.
