La Corporación Municipal se ha reunido el pasado martes para celebrar el Pleno Extraordinario de carácter urgente en el que se han tratado distintos asuntos económicos relacionados con la actividad económica municipal.
Con el voto a favor de los 6 concejales del Equipo de Gobierno y 2 abstenciones del Partido Popular, se ha aprobado el nuevo Plan de Ajuste Económico 2021-2031 requerido por el Ministerio de Hacienda. Al haber reducido la deuda municipal considerablemente, la propuesta económica de este plan es más favorable para las arcas municipales que la anterior, aunque se seguirán limitando las distintas partidas económicas.
Asimismo, en el Pleno se ha debatido la aprobación de un fondo de ordenación para el pago de casi 700.000 euros a un constructor que denunció al Ayuntamiento, siendo desestimada la denuncia en primera instancia por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y condenado el Consistorio en sentencia firme por el Tribunal Superior de Justicia y que está relacionado con la firma de un convenio nulo de pleno derecho firmado en 2005 o 2006 con la Alcaldesa de aquel momento, Olga Fernández, que supuestamente tenía formación para realizar todas estas gestiones de forma legal, ya que realizó un master urbanístico pagado con fondos municipales.
Según los datos aportados por el Equipo de Gobierno, el citado constructor se puso en contacto con el Alcalde para reclamarle más de 600.000 euros relacionados con un acuerdo firmado por la anterior regidora en el que, a cambio de unos aprovechamientos urbanísticos, el Ayuntamiento recibiría 600.000 euros por adelantado para el ‘supuesto pago’ de nóminas y otros gastos.
Al no llegarse a ejecutar ese aprovechamiento debido a la crisis económica y al hecho de que quisiera construir más metros de los permitidos, incumpliendo el Plan General de Ordenación Urbana, el constructor decidió 9 años después reclamar ese dinero que había prestado al Ayuntamiento.
“Me avergüenza esta situación porque tenemos que pagar casi 700.000 euros, que supone casi un 10% de nuestro presupuesto municipal, sin saber concretamente a dónde fue a parar ese dinero”, ha denunciado el Alcalde durante la sesión plenaria, que ha pedido que alguien les explique a dónde fue a parar esa cantidad.
Ante la imposibilidad de afrontar el pago con los fondos de la cuenta corriente municipal, se ha solicitado un fondo de ordenación que permitirá poder pagar lo exigido por la sentencia y que el Consistorio pueda ir devolviendo la cantidad adeudada en distintos plazos, ya que si no podrían embargarse los bienes municipales.
En este sentido, el portavoz de TDS y 1º Teniente de Alcalde, Rubén Fernández, le ha preguntado al portavoz del Partido Popular y concejal en el Equipo de Gobierno cuando se firmó el convenio, José María Fernández, sobre el conocimiento del mismo, a lo que ha respondido que sí que tenía constancia de él y que entiende que ese dinero está invertido en el pueblo, aunque no sabe en qué se gastó.
También el portavoz del PSOE y Concejal de Sanidad y Bienestar, Pedro López, ha manifestado que “me da tristeza porque estábamos intentando sacar adelante un proyecto que con situaciones como estas se ve frenado. Vamos a pagar en 2 sentencias más de un millón de euros que no son nuestras, ya que vienen de las situaciones ocasionadas por gobiernos anteriores”.
